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Noticom.Mx.- Para que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en el servicio público, Sandra Pámanes, diputada de Movimiento Ciudadano, demandó reforzar en Nuevo León el 3 de 3 de Violencia Contra las Mujeres.
La propuesta contempla adicionar que se suspenden los derechos o prerrogativas a los ciudadanos lo que significa removerlas de un cargo o evitar que se registren como candidatas para cualquier cargo de elección popular ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
“Estamos proponiendo una adición, al artículo 59 Bis”, explicó Pámanes, “en el caso de ser sancionado ya en el pleno ejercicio de servicio público, que sea sancionado por alguno de estos tres delitos pueda ser removido del cargo”, aseguró la emecista.
“Esta es una adición que nosotros estamos planteando porque lamentablemente la justicia no es ni pronta ni expedita. Un caso muy específico que tenemos es el de Pedro Garza, que en tiempo de campaña llega a este nivel de violencia política en razón de género en contra de la entonces candidata a diputada federal Laura Paula López Sánchez”
