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Noticom.Mx.-Una vez más, el Consejo Cívico de las Instituciones arremetió contra los diputados por la designación de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.
Indicó que con la designación de personas ligadas al servicio público en el Comité de Selección, los diputados y diputadas locales nuevamente roban un espacio de participación ciudadana.
“Sin rigor metodológico ni una fundamentación en el Pleno, el Congreso local ha dado la estocada final para colocar a personas afines a sus intereses en este órgano ciudadano de combate a la corrupción, quienes además definirán los perfiles idóneos para que el pleno del Legislativo seleccione al nuevo Fiscal General de Justicia en los próximos meses”, acusó el organismo.
“Desde un principio, se observó que el proceso coordinado por la Comisión Anticorrupción que preside el panista Gilberto de Jesús Gómez estuvo plagado de irregularidades. Por esto, en Consejo Cívico analizamos los expedientes que presentó cada una de las 40 aspirantes y seguimos las entrevistas realizadas por los diputados del Congreso”.
Agregó que se denota en estas irregularidades un patrón muy claro:
La trayectoria profesional de 3 personas seleccionadas: Viridiana Adame Aguliar, exempleada de la Sala Anticorrupción y actualmente Secretaria en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; Edwin Chávez Treviño y Karen Flores Vita, empleados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, están claramente ligadas al servicio público.
De las 5 personas elegidas en la categoría de Universidades, solo Hildalila Aguilar Yáñez es catedrática en el Tecnológico de Monterrey, la institución postulante. El resto de las personas seleccionadas no demostró ninguna relación con la Universidad que los presentaba con la idoneidad para el cargo.
De las personas postuladas por organizaciones de la sociedad civil, solo Sarahí Marcela Aranda García, demostró los conocimientos necesarios para el cargo.
“Es preocupante que a pesar de que el perfil del puesto lo exige, muchas de las personas hoy designadas no demostraron un mínimo de conocimientos en materia de fiscalización, rendición de cuentas y menos en el combate a la corrupción, aspectos que fueron evidentes desde el proceso de entrevistas”, refuta el CCINLAC.
