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Noticom.Mx.-El “Caso Debanhi” retumbó en el Congreso con una llegada de diversas iniciativas.
Diputados locales de Acción Nacional impulsaron modificaciones y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para tipificar la Violencia Vicaria como delito penal con castigos de 4 a 8 años de prisión a los agresores, a fin prevenir y erradicar feminicidios tras actos de divorcio o separación, así como evitar daños a la salud mental e integridad física de las mujeres, hijas e hijos.
Guadalupe Guidi, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para definir que la violencia familiar también es la privación, manipulación y la limitación de los recursos en el ejercicio del derecho a la educación de las mujeres y niñas, además de lo que ya estipula la ley.
Con el fin de evitar situaciones de riesgo hacia las mujeres e infantes, ya que Nuevo León ocupa el segundo lugar en feminicidios y es testigo de un escenario de violencia exponencial hacia las mujeres, la diputada Jessica Martínez presentó un proyecto que configurará una atención ágil y efectiva por parte de las autoridades hacia las mujeres e infancias que viven una situación de violencia que pone en riesgo su integridad e incluso su vida.
También demandó que los informes de los casos de personas desaparecidas se realicen a través de una comunicación asertiva y con perspectiva de género.
Para analizar el marco legal que agilice y consolide la búsqueda de personas desaparecidas, la Diputada Paola Coronado Ramírez propuso un grupo de trabajo en la que participen los tres niveles de Gobierno y la Fiscalía de Justicia del Estado.
La Diputada @lorenadelagarza, por su parte, presentó iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Estatal, para garantizar la búsqueda efectiva de mujeres desaparecidas.
